Hace demasiado tiempo que nos hallamos ante una situación de decadencia sistémica en la que las injusticias campan a sus anchas. Los gobiernos y administraciones demuestran una soberana incapacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía, cuando estas requieren ir más allá de los mecanismos establecidos por el propio sistema, a no ser, claro está, que las afectadas sean entidades o corporaciones de orden superior, a las cuales sí se les pueden aplicar medidas excepcionales.
Las grandes corporaciones y multinacionales, con un inmenso potencial para contribuir al buen desarrollo de la sociedad, son máquinas financieras cuyo objetivo principal es el balance de resultados, lo cual deja en segundo plano el servicio que pretenden prestar y, en tercero, el bienestar de las personas a las que va destinado el servicio. En su afán mercantilista, las entidades y corporaciones de orden superior influyen, condicionan o directamente se saltan a los gobiernos, impidiendo la resolución de cuestiones que puedan afectar a sus intereses y evitando el control por parte de las administraciones, aunque sus consecuencias impliquen el aumento de la desigualdad o el paulatino empobrecimiento de la mayoría de la población.
Las estructuras de poder y sus medios de persuasión se encargan de mantener el status quo existente, a lo que también contribuyen consciente o inconscientemente los bandos políticos irreconciliables que, en el ejercicio de su representación popular, se bloquean mutuamente obstaculizando la aplicación de medidas necesarias para la solución de problemas.
La clase política y sus canales de comunicación, usan la información para captar a la ciudadanía, negando y descalificando permanentemente al adversario por acertado que pueda estar, en un comportamiento irracional, indigno e infantil. Los programas electorales, creados a mayor gloria del oído del votante, se incumplen con absoluta naturalidad y sin tener que dar explicación alguna. Tras tomar posesión de sus escaños, los diputados se someten a la disciplina de partido en las votaciones, anulando su libertad individual de decidir si una medida les resulta correcta o no para el interés general.
En esta pseudodemocracia, a los humildes mortales se nos concede la libertad de discutir entre nosotros sobre todo tipo de cuestiones, pero solo eso, no hay opciones reales de llevar a cabo cambios en su organización y estructura, y la posibilidad de introducir medidas, aunque exista entre la ciudadanía un mayoritario acuerdo, es remota. En definitiva, ya sea por interés o por rigidez ideológica, se está perpetuando un sistema obsoleto y una forma de actuar que resulta social y económicamente ineficaz para el bienestar de la mayoría de la población.
A tenor de las convulsiones que nos afectan nivel socio-económico, tanto desde ámbitos internacionales como propios, quizás haya llegado el momento de abandonar posiciones polarizadas que entierran la posibilidad de hallar soluciones de carácter profundo y pensar desde una perspectiva conjunta. En las disputas partidistas se demoran o ignoran medidas que podrían ser de gran utilidad, solo porque están fuera de sus dogmas ideológicos o porque serían necesarios cambios estructurales que ni siquiera contemplan.
Las condiciones de vida de la población general van degenerando día a día, tanto en poder adquisitivo como en servicios. Las soluciones políticas actuales están encadenadas por un rígido sistema que normaliza que ciertas estructuras aumenten continuamente su poder, mientras que el resto estén condenadas a perderlo irremediablemente, lo cual demuestra su ineficacia para afrontar el presente inmediato. Este modelo organizativo no es apto para resolver problemáticas de fondo, ni tampoco para protegernos de las crisis, ni de las vorágines especulativas desmedidas que van mermando progresivamente nuestro bienestar individual y colectivo.
Si la pregunta es el punto de partida para hallar cualquier solución, deberíamos cuestionarnos si vamos hacia donde queremos ir.
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